El Programa Parques Urbanos y su Reedición Bicentenaria

(julio 2009)

por Pía Montealegre Beach

1. El Programa del retorno a la democracia

El Programa de Parques Urbanos es diseñado por el Ministro de Vivienda Alberto Etchegaray en el año 1990, durante el gobierno de Patricio Aylwin. En el mismo año se constituía por primera vez la Comisión para la Descontaminación de la Región Metropolitana, que mencionaría en ese marco la importancia de incrementar las superficies de áreas verdes. El país contaba con altos índices de pobreza (38%) (Segovia 2006) que se extendía en vastos territorios de paisaje degradado fruto de las políticas de vivienda social extensivas y netamente cuantitativas llevadas a cabo por el gobierno militar. Las urbanizaciones con fines sociales se caracterizaban por una reducida superficie de espacios privados, una baja calidad de los espacios colectivos y la casi nula dotación de espacios públicos para el esparcimiento. En consecuencia, el espacio urbano reflejaba la inequidad y segregación que sufría la sociedad.

El Programa consistió en una iniciativa fundamentada principalmente en la inversión, mediante el cual se construyeron una serie de parques inicialmente en la Región Metropolitana y a partir del año 2001 también en regiones. Como respuesta a tres problemas clave de la ciudad: la segregación, el medioambiente y el deterioro físico de los barrios, el programa privilegiaría terrenos ubicados en sectores de bajos ingresos. En 1993 el programa tendría su primera pieza fundacional con el emblemático Parque La Bandera, de 14,9 Hª (Laborde 2006). El Programa conseguiría un considerable logro social, al reparar entornos degradados, mejorar la integración social en el acceso equitativo a la recreación, y produciría un indiscutible incremento en la calidad de la vida y del paisaje periféricos. Desarrollada en las postrimerías del siglo XX, fue una estrategia innovadora, al incorporar el tema medioambiental a la agenda urbana con una componente de participación ciudadana incipiente. Hasta 2003 el programa había logrado la construcción de 163 Hª de parques.

Según el planteamiento de Francisco Schmidt, asesor del programa entre los años 1991-92 los objetivos del Programa serían dos:

“Contribuir al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la población de escasos recursos, mediante la construcción de espacios abiertos de uso público que faciliten un proceso de identidad y desarrollo social”

“Realizar un aporte concreto a la reducción del grave problema de la contaminación atmosférica, incrementando la masa vegetal productora de oxígeno.” (Schmidt 1995)

Un tercer objetivo se desprende de una posterior lectura que hace Schmidt del parque como “soporte básico de integración social urbana” (op. cit.) y el énfasis que se hace en el mismo texto en el espacio público como “componente básico en la construcción de la ciudad”. Este vendría a constituir más que un objetivo operativo, un concepto rector más ambicioso y de corte reformista, que daría al programa intenciones urbanísticas que sobrepasarían las simples estrategias de dotación de infraestructura recreativa.

En la marcha el programa incluiría nuevos objetivos operativos (PULSO 2002; Segovia 2006):

• Dar solución a la escasez de espacios públicos de esparcimiento y recreación, a nivel comunal e intercomunal, prioritariamente en los sectores poblacionales de más escasos recursos.

• Lograr que los parques se conviertan en elementos estructurantes del espacio urbano.

• Dar respuesta a las verdaderas necesidades de la comunidad que será beneficiada por cada parque.

• Lograr que los parques se sustenten financieramente, en la mayor medida posible.

Disminuir los costos de mantención de los parques, a través de un adecuado manejo de los componentes del diseño paisajista y del diseño de sus sistemas de riego e iluminación.

En cuanto a las acciones que se llevarían a cabo para implementar el Programa, cabe señalar que éste se basa netamente en la inversión, no utilizando las acciones de regulación ni precios, lo que enfatiza su carácter preciso como generador de áreas verdes. Como estrategia que pretende por sobretodo reparar una carencia más que promover desarrollo, no hace uso de herramientas regulatorias. Tampoco hace uso de las herramientas relacionadas con los precios, que en este caso podrían materializarse en una tarificación directa en la entrada de los parques o un alza en los impuestos a la población circundante. Ninguna de estas herramientas sería coherente en el marco de una política de carácter reparatorio que busca paliar las condiciones espaciales que se habrían generado en una política anterior defectuosa, que debiera haber considerado las áreas verdes además de la dotación de la vivienda.

Hasta el año 2002, el programa se implementa mediante una institucionalidad compuesta de un nivel central (MINVU a través de la Dirección de Desarrollo Urbano DDU y el Comité Asesor del Ministro) a cargo de la revisión financiera, los estudios complementarios y la postulación, y un nivel regional (SEREMI y SERVIU) a cargo de la implementación y fiscalización. Desde entonces el programa no cuenta con una comandancia central, recayendo en los servicios regionales (Segovia 2006). Los proyectos son desarrollados con fondos de desarrollo regional (FNDR). Se llama a propuesta pública para el diseño, que generalmente debe venir acompañado de un proceso de participación ciudadana, requisito en el cual es pionero el programa. La ejecución de las obras del parque es financiada con fondos del gobierno central y en el modelo original se busca que sea mantenido con fondos locales. Casi todos los parques efectuados con esa intención no pudieron ser sostenidos por los municipios, que por definición del programa, eran pobres.

Para corregir esto, en el desarrollo de los siguientes parques se condicionó la ejecución a un compromiso por parte de los municipios para asumir el mantenimiento. Esto ocasionó que algunos no se construyeran jamás, quedando entrampados en esa condición: la segunda etapa del Parque La Feria es un ejemplo de esto. Parque Metropolitano, institución dependiente de MINVU que hasta el momento mantenía el parque homónimo del Cerro San Cristóbal, sirvió como entidad provisoria para el mantenimiento y administración de los parques creados. Hoy la administración de la mayoría de los parques está a cargo de la institución, que concesiona la operación de los parques financiada con fondos sectoriales. Además, Parque Metropolitano lleva a cabo los procesos de licitación de los nuevos proyectos y la inspección técnica de los contratos (Parque Metropolitano de Santiago 2009). En el caso de los parques hechos en regiones, la administración y el mantenimiento se mantuvo en los municipios.

Los montos de inversión para el programa se encuentran entre 0,3 y 0,4 UF por m2 [1] para la construcción completa de cada parque. Es interesante lo estrecho que resulta este presupuesto al contrastarlo con la construcción de otros parques en la misma ciudad, como por ejemplo con las 0,6 UF/m2 invertidas en la construcción del Parque Metropolitano de Cerrillos (obra emblemática del gobierno de Lagos), o las cerca de 0,9 UF/m2 que costó el Parque Bicentenario de Vitacura, (obra municipal). El monto resulta aún más estrecho al contrastarlo con el diseño de espacio público que se lleva a cabo en otros países. Por ejemplo el presupuesto destinado a los últimos dos parques construidos en Puerto Madero, Buenos Aires, fue considerablemente mayor: La inversión en el Parque Mujeres, de 5,5 Hª de superficie, fue de 1,6 UF/m2, mientras que el vecino Parque Micaela Bastidas demandó 0,53 UF/m2 sólo para el paisajismo de sus 7 Hª. Pero el monto también es estrecho si se compara con la inversión en otras obras públicas como infraestructura caminera (desde 1,5 UF/m2 para pavimentación) o edificación pública, como colegios (alrededor de 16 UF/m2) u obras mayores (entre 20 y 45 UF/m2)[2]. Por supuesto las escalas de inversión son distintas, pero aún comparando costos unitarios, un parque de 15 Hª equivale a una inversión total de 60.000 UF, equivalente a un moderado colegio de 3.750 m2, residuales 1000m2 de hospital y unos aún menos significantes 45 metros lineales de autopista urbana. Entre los años 1992 y 2000 el Programa representó menos del 1% de los gastos del Ministerio (Segovia 2006).

Los costos de mantenimiento anual en promedio ascienden a $170/m2 y serían muy elevados en relación a la inversión inicial, alcanzando un 14% al año. De esta cifra sólo un 15% corresponde al gasto en riego (PULSO 2002), ya que la mayoría de los parques cuenta con derechos de agua [3]. Los parques tienen una bajísima rentabilidad económica si se comparan los costos de mantenimiento con los de inversión o con los costos de otras obras púbicas, sin embargo tienen una muy elevada rentabilidad social contando entre 100 mil y 250 mil beneficiarios por parque (Parque Metropolitano de Santiago 2009). Según la Evaluación del Programa, este tendría en promedio una Tasa Interna de Retorno social de un 24%, lo que equivale al doble de los requerimientos de Mideplan para considerar un proyecto socialmente rentable (PULSO 2002).

2. El Programa 2.0: Bajo el “Sello Bicentenario”



Aparentemente, en la actualidad el programa volvería a tomar fuerzas bajo una iniciativa denominada, en la versión de la SEREMI-MINVU, “Programa de Renovación Urbana - Parques Urbanos” que recibe el denominado “Sello Bicentenario” (SEREMI MINVU 2009). El programa menciona como sus piezas integrantes el Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena, el Parque Natural Cerros de Renca, el Parque La Hondonada, el Parque La Cañamera y el Parque Zanjón de la Aguada. Paralelamente al Programa anunciado por la SEREMI, el Gobierno Regional de Santiago, menciona como parte de las Obras Bicentenario un “Plan de Renovación Urbana - Parques Urbanos”, conformado por las mismas piezas mencionadas anteriormente pero agregando en esta versión la Ciudad Parque Bicentenario (Parque Metropolitano de Cerrillos) y el Estadio Comunal de La Florida. Como Obras Bicentenario, pero en otra sección fuera del Plan, se menciona el Parque Zanjón de la Aguada y el Parque La Hondonada (GORE Santiago 2009).

Estas iniciativas también se cruzan con dos políticas en actual desarrollo: El Plan Regulador de Santiago 2008, que plantea un crecimiento del límite urbano acompañado de un gran desarrollo de áreas verdes en los sectores más carenciados, y el denominado “Plan Verde”, también de sello Bicentenario, que busca mejorar la dotación vegetal de la ciudad con programas de forestación y que comparte algunas piezas con las iniciativas anteriores.

El Plan Regulador de Santiago 2008 integra en su propuesta de expansión el desarrollo de parques intercomunales y áreas verdes forestadas sin uso público. Los parques son los mismos del Programa más el Parque La Aguada. Con esto se conseguirían 1.469 Has nuevas de parques.

El Plan Verde [4] plantea la reforestación de 1800 Hª urbanas, coincidiendo en su planteamiento original con el programa en los Cerros de Renca y de Chena, pero agregando el Jardín Botánico del Cerro San Cristóbal. Esta estrategia incluiría un novedoso mecanismo de mitigación ambiental con reforestación y mantenimiento de áreas verdes existentes dentro de la zona urbana. Además de la reforestación de parques, plazas y cerros, busca la reconversión de vertederos en áreas verdes.

Como si escaseara la voluntad política, el tema de las áreas verdes es además integrado a la Agenda de Ciudades de la Presidenta Bachelet (MINVU 2006), específicamente en la Línea de Acción 3, y aunque no es concretado de manera explícita en ninguna obra integrante del programa, comparte con él la visión de relevancia del tema. Las grandes diferencias entre metros cuadrados de áreas verdes per capita entre comunas de una misma ciudad son usadas en este documento para ilustrar el problema de la inequidad social.

Se lee en todas estas iniciativas una auspiciosa concurrencia de visiones, pero a diferencia del programa original de los años 90’s, pareciera ser una reunión casual de obras sin una estructura mayor de estudio e implementación, en donde las diferentes instituciones participantes adoptan el concepto del Programa original según la pertinencia de la obra a realizar.

Refuerza la teoría anterior el hecho de que las piezas que han sido declaradas clave de manera coincidente por cuatro iniciativas gubernamentales, no cuenten con un incremento presupuestario para su desarrollo, una innovación metodológica en su implementación, u otro impulso concreto que impida que sean realizadas con el mismo recato que ha caracterizado a todo el programa.

3. Coherencia de Intenciones

Una característica excepcional del Programa es que fue evaluado ex-post mediante un estudio que cubrió 14 parques realizados entre 1992 y 1998 (PULSO 2002). Una fluctuante tasa de atención a la población beneficiaria, una alta tasa de superficie útil (84%), una dispar cobertura de las necesidades de espacio público y una sobreocupación en relación a la capacidad de carga en los días peak, fueron algunas de las observaciones que se desprendieron del estudio. Hasta que éste fuera realizado en el año 2002, no existieron políticas de monitoreo del programa, y sólo se definieron algunas metas parciales y cuantitativas. Sin embargo, la Evaluación realizada tampoco parece producir grandes cambios en la manera posterior de implementar el programa.

Una de las críticas más fuertes que hace el Estudio al programa sería la carencia de una metodología de planificación y diagnóstico: “Se encuentran ausentes de los instructivos los elementos básicos de formulación de perfiles de proyectos: definición del problema, determinación de la zona de influencia, medición del déficit, tamaño, localización y evaluación” (PULSO 2002). En ese marco, las presiones políticas pueden resultar gravitantes para determinar el desarrollo de uno u otro proyecto. Presiones que podrían suponerse existieron para llevar a cabo los dos únicos parques dentro de la trama urbana que se realizan en estos momentos y que tienen una finalidad exclusivamente social como lo plantea el Programa: La Hondonada y la Cañamera son parques vecinos a dos barrios críticos, Las Viñitas y El Volcán, cuya mala calidad de vivienda los situó como alta prioridad presidencial y cuya ejecución se ve apurada por las inminentes y radicales intervenciones que se estarían haciendo en los conjuntos habitacionales.

Otra autora, Olga Segovia, critica la falta de metodología del programa para localizar los parques, acusando un diagnóstico poco exhaustivo en la medición de la disponibilidad de áreas verdes (Segovia 2006). Sin embargo, si se consideran por una parte las limitaciones legales de predios disponibles para el programa y por otra la generalización de la carencia en la población más vulnerable, hace que esta metodología resulte redundante.

En cuanto a la coherencia del plan con los objetivos originales, habría que declarar que con respecto a la mejora de la calidad de vida, el Programa estaría cumpliendo, al menos con los que hacen uso de los parques. Un indicador que apoya esta apreciación estaría dado por la mayor cantidad de horas semanales de recreación que tienen los usuarios del parque versus los que no lo son, y el hecho de que éstos también diversifican más sus actividades recreativas (PULSO 2002).

Sin embargo debe observarse la debilidad del objetivo original de descontaminación atmosférica, que reduce el parque urbano a un problema de forestación. Además es inconsistente numéricamente[5], lo que debilita la eficacia del parque como herramienta para lograr dicho objetivo.

Otro objetivo del programa que no está correctamente enfocado es el problema de cobertura de las áreas verdes, ya que la principal causa de esto serían las políticas de vivienda, que no son corregidas por ningún aspecto del programa (PULSO 2002). Tampoco logra cumplirse el objetivo de usar los parques como elementos estructuradores del espacio urbano, por la debilidad de los instrumentos reguladores en la localización de las áreas verdes (PULSO 2002), relegada a una posición más bien residual.

Con respecto a la reedición del Programa, se observa inmediatamente una incoherencia en algunos parques es que a pesar de tener una alta rentabilidad social no se enfocan a población vulnerable, y son usados principalmente como un motor de desarrollo urbano. Es el caso de la discutible inclusión del Parque metropolitano de Cerrillos (Ciudad Parque) y el Parque Zanjón de la Aguada, que diluyen la fuerza social del programa sembrando cuestionamientos al espíritu keynesiano de producción y conservación de áreas verdes. Se habría cometido un error político al haber integrado bajo el techo del Programa estos proyectos, que con productos similares son de tan distinta naturaleza en sus objetivos. Una excepción similar sucedió en el Programa original, cuando se incluyó el Parque de los Reyes, efectuado con fondos sectoriales, municipales y de la fundación V centenario, (y que finalmente es mantenido por la Municipalidad y la Cordesan). También aparece una desviación de la concurrencia de los objetivos en la inclusión proyectos de escala metropolitana, como los Cerros de Chena y Renca y el Jardín Botánico del San Cristóbal. Estos proyectos tendrían un carácter social más transversal que el objetivo original, y apuntarían a un problema de forestación y paisaje natural ajenos al parque urbano. Un capítulo aparte merecería la sola mención del Estadio de La Florida en la versión del plan que hace el GORE.

Si el Programa es evaluado globalmente en cuanto a sus metas, resulta evidente una deficiencia en su velocidad de implementación y una baja repercusión a escala metropolitana. Producto de la dimensión de los terrenos disponibles y la densidad de los tejidos en donde el Programa se implementa, sólo se logró concretar pequeñas piezas en su mayoría de menos de diez hectáreas, que por lo general no trascendieron de una escala vecinal (Laborde 2006) con un 90% de sus usuarios provenientes de la misma comuna (PULSO 2002)[6]. Como resultado, en los primeros 10 años del Programa se implementaron un poco más de 100 Hª de parque, lo que da una exigua tasa de 10 Hª por año (Schimidt 2008), en una ciudad que se expande entre 1991 y 2000 a razón de 1.200 Hª por año (Ducci 2002)[7]. Sólo en regiones, en donde se ha implementado el programa en ciudades de escala menor, se ha podido observar un impacto que supera los sectores aledaños (Segovia 2006) involucrando a toda la ciudad en un proceso de mejoramiento urbano.

Políticamente, el programa no ha logrado cautivar los intereses de ningún gobierno de manera meritoria, relegando su discusión a las esferas funcionarias y académicas. En su reedición, se ve un acopio voluntarioso de iniciativas que se terminará diluyendo en la propia diversidad institucional que lo enarbola.

4. Ajustes Propuestos

i. Sincerar los objetivos:

Los objetivos del Programa son difíciles de medir y son poco específicos, pudiendo ser alcanzados con otras medidas distintas a los parques. Esto termina por debilitar el Programa a la hora de ser evaluado. Debieran replantearse éstos, e incluir de manera abierta el desarrollo urbano, más que la descontaminación ambiental. El que los parques son motores de desarrollo para la ciudad, es un hecho tan conocido como asumido en las estrategias del mismo gobierno, por lo que quizás incluir un objetivo económico en el Programa de Parques, podría ampliarlo de manera transversal, incluyendo proyectos en sectores menos necesitados y con fines menos altruistas o higienistas [8]. Sería conveniente separar también con claridad los proyectos con fines sociales de los con fines desarrollistas. En este marco, se haría posible incluso un mecanismo de recuperación de plusvalías para financiamiento.

ii. Institucionalizar la operatividad:

La institucionalidad a cargo del espacio público debe tener como características su agilidad y adaptabilidad (León 1998), características propias de pequeñas entidades privadas y no así de Ministerios gubernamentales. Tampoco los municipios, con sus enormes diferencias presupuestarias, pueden entrar en esta ecuación. Según la Evaluación del programa los parques peor mantenidos eran justamente los que estaban bajo tutela municipal (PULSO 2002). En este escenario se hace imperativa la instalación de mecanismos del socorrido financiamiento compartido. Un autofinanciamiento en base a concesiones resulta utópico ya que siempre el gasto va a ser mucho mayor que el ingreso, como queda demostrado incluso en Parques de escenarios económicos tan disímiles al nuestros como el Central Park en Nueva York.

Un caso excepcional de institucionalidad público-privada se dio en el caso del denominado Parque de La Paz Villa Grimaldi, gestado dentro del mismo Programa pero que recibe fondos municipales, y privados (nacionales y del exterior) por tratarse de un lugar cuyo interés radica en la conmemoración de las violaciones a los derechos humanos allí ocurridas (León 1998). Este caso, aunque de naturaleza muy particular, confirma el potencial cultural y educativo de los parques y la rentabilidad económica asociada a tal uso.

Finalmente, la delegación del Programa en Parque Metropolitano sin fortalecerlo como institución y otorgarle herramientas regulatorias adecuadas, sólo contribuye al debilitamiento político de la iniciativa (Poduje 2009).

iii. Sincerar los costos:

Es necesario asumir el gasto en mantenimiento como parte de la inversión, y que éste no sea una sorpresa al momento de la puesta en marcha. El Parque Metropolitano de Cerrillos fue implementado de esa manera, y el Ministerio comprometió junto a la inversión de la obra, el mantenimiento de los primeros cinco años.

Mediante un nuevo modelo de institucionalidad administrativa y la redefinición de los objetivos, se podrían también canalizar recursos privados asociados al desarrollo cultural, educativo y la mitigación de daños ambientales. En las encuestas realizadas para el Estudio de Evaluación del Programa se observa que los programas más requeridos por la población son los deportivos y los culturales (PULSO 2002), que si bien no correspondería a los objetivos del programa el tarificar para implementarlos, pueden recibir fondos específicos para su desarrollo.

iv. Potenciar la sustentabilidad:

La sustentabilidad en el mantenimiento no sólo debe caricaturizarse en el desarrollo de un paisajismo xerófito, sino apuntar a una estrategia más amplia que incluya el uso racional de aguas (sistema de regadíos, regulación de derechos de agua y explotación y renovación de napas subterráneas), eficiencia energética, ventas de bonos de carbono, planes de empleos locales y mantenimiento participativo. La operación del parque debe incluirse como parte fundamental de la ecuación para el desarrollo del Programa, ya que constituye la parte más compleja en donde efectivamente se necesita de herramientas de regulación y precios. En este contexto se pueden desarrollar entidades locales que mantengan el parque, puedan explotarlo con fines culturales y pequeños desarrollos comerciales, que puedan canalizar fondos y beneficencia que hoy no puede asumir el estado. Además de la reducción de costos, esto permite que la comunidad también se beneficie económica y culturalmente del Programa, multiplicando la rentabilidad social, gran recurso del artefacto parque.

v. Integrar espacial y sectorialmente:

El Programa actúa sólo sobre terrenos legalmente disponibles, generando una serie vacíos desarticulados. La integración de los espacios públicos permite compensar la falta de extensión de los paños verdes. Es el caso de Providencia que no cuenta con un parque extenso, y sin embargo es considerada una comuna con alta calidad de espacios públicos (Laborde 2006).

Además es imperativo relacionar estratégica y espacialmente las áreas verdes y vías de transporte. Una integración expedita a las vías principales de circulación resulta un factor gravitante en el número de beneficiarios, considerando que la gran mayoría usa el transporte público. Una planificación intersectorial permitiría mejorar la accesibilidad vial a los parques con una planificación anticipada. Por ejemplo, el Parque Metropolitano Sur no cuenta con ninguna facilidad de acceso en el trazado de Autopista Central, siendo que el lugar existe como reserva de área verde mucho antes que se diseñara la vía expresa. Esto se ve incluso a escala menor en relación a las direcciones de tránsito local, ya que en la mayoría de los parques ni siquiera los cruces peatonales han sido coordinados con los accesos (PULSO 2002).

vi. Promover y publicitar:

Es curiosa la falta de aprovechamiento político que se tiene de los parques. Debido quizás a la insignificancia comparativa de los montos de inversión, los parques son frecuentemente olvidados por los políticos y los medios. Una mayor agresividad publicitaria contribuiría a mejorar la velocidad de implementación del programa y a aumentar la envergadura de las intervenciones, evitando la volatilidad electoral de la que es víctima.

4. Conclusión

El parque puede ser entendido como un insumo netamente social, poco rentable y por lo tanto como un rol del Estado. Sin embargo en la complejidad de intereses que se da en la ciudad no puede tenerse una visión unívoca y categórica que niegue los potenciales económicos y las repercusiones en el desarrollo. En el mismo espíritu, no es correcto evaluar económicamente un parque en función a montos de inversión y costos de mantenimiento, errado enfoque sectorial fundado en las proporciones del otro tipo de infraestructura que provee el ministerio. Sería más correcto asociar los costos de mantenimiento de los parques a los gastos de otras carteras, como salud, defensa, educación o cultura.

El problema de la institucionalidad es inherente al parque urbano y ya sería mencionado por Calvert Vaux, arquitecto del Central Park, al momento de su dimisión del proyecto en 1895, la necesidad de contar con un equipo independiente, liderado por un arquitecto paisajista, que tomara las decisiones sobre el parque. Esta institucionalidad especializada puede operar en un sólo parque o ser común a varios de escala menor, y podría ser Parque Metropolitano si contara con las herramientas adecuadas para hacerlo.

El programa debe necesariamente pasar por un proceso de actualización y reformulación que ajuste sus objetivos y amplíe el alcance a la operación de los parques. Sin embargo esa reformulación debe hacerse aprendiendo de la vasta experiencia recopilada en estos 19 años y considerando lo planteado por el estudio de Evaluación.

Al ver esta reedición del plan en varias versiones distintas se puede comprender que son la agrupación ex-post de iniciativas aisladas, de las que no hay información disponible ni estructuras visibles. Son programas que se reformulan con sordera mutua y ceguera histórica, sin recoger el aprendizaje de lo anterior ni coordinar potencialidades. El Bicentenario de Lagos, un programa rebosante de ambición, se ha terminado por diluir en el realismo de Bachelet, y hoy no es más que una distinción honorífica, en la forma de un sello que reciben ex-gracia proyectos que combinan vistosidad con factibilidad cortoplacista, en una operación política más cercana a la autoindulgencia que a la estrategia.

Notas

[1] Este monto ha variado a lo largo del programa, generalmente tendiendo a menguar. La cifra es extraída de los montos de referencia para el proyecto expresados en las Bases de Licitación para el Parque La Cañamera, llamado a propuesta de diseño a comienzos de 2009. Cabe señalar que en este caso, además de los costos tradicionales de construcción, debía agregarse el saneamiento de más de 8 Hª de vertedero sanitario, todo dentro de las mismas 0,4 UF.

[2] Valores referenciales en base a experiencia profesional de Montealegre Beach Arquitectos.

[3] Sin embargo, mucho más gravitante que el riego es el promedio de $130/m2 anuales gastados en iluminación, cifra no comparable por no contarse con indicadores en todos los parques.

[4] El Plan Verde es mencionado inicialmente en la prensa en el año 2005 como una estrategia de Conama Metropolitana, con los elementos mencionados ya en el texto y con un plazo hasta 2010 (La Nación, 8 de Abril de 2005). En la prensa del 2006 ya se menciona un segundo plan publicitado por Víctor Barrueto, Intendente de la época, con el nombre “Quiero Santiago Verde”. Las hectáreas que cubría la segunda versión del plan serían sólo 1.500, con un plazo esta vez hasta 2011 y con una fuerte inclinación a la inversión como principal herramienta, con montos anuales de 7.000 millones de pesos. (El Mercurio, 4 de Noviembre 2006) El año 2008 el Core denuncia en la prensa que no se ha asignado finaciamiento para el plan, y que sólo se habrían ejecutado plantaciones en el cerro Chena (o Parque Metropolitano Sur, según el programa MINVU) (El Mercurio, 21 de Diciembre de 2008). En la prensa reciente se anuncia que vuelve a incluirse el Plan Verde o Santiago Verde en el reingresado Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica PPDA (El Mercurio, 30 de Junio de 2009). En el documento, principalmente focalizado a controlar las emisones de gases, el Plan ocupa una página describiendo de manera general un grupo de instrumentos aún sin forma: reforestación, habilitación de corredores verdes, desafectación de parques no consolidados para compensación en desarrollo y mantenimiento y manejo de residuos domiciliarios. No se mencionan los cerros como piezas clave ni otros lugares específicos, sólo establece medidas regulatorias sin hacer mención de ningún tipo de inversión, se omite la reconversión de vertederos y no establece con claridad la asociación del plan con los mecanismos de mitigación del impacto ambiental. Las unidades responsables serían CONAMA para estudios y SEREMI MINVU para implementación. Al día siguiente de ser presentado, el PPDA recibe duras críticas del sector ambientalista, especialmente debido a que el Plan Verde no cuenta con financiamiento del gobierno central (El Mercurio, 1º de Julio de 2009).

[5] Según una investigación realizada por la Universidad de Sevilla, un árbol absorbe en promedio cada año las emisiones de un sólo auto que recorre entre 10.000 y 20.000 Km. Un parque recreativo promedio cuenta con 10 Hª de superficie y con una cantidad promedio de 500 árboles. Según esa lógica, para combatir la contaminación generada solamente por el parque automotriz de la ciudad de Santiago, de alrededor de 1 millón 800 mil vehículos, se necesitarían 36.000 Hª de parque recreativo, o 12.000 Hª de bosque (con una densidad de 150 árboles por Hª) o 9000 Km de vías arboladas (con árboles plantados cada 10m en ambas veredas, o sea 200 árboles por Km). Un mayor grado de relevancia tienen los árboles en el control de la temperatura y la consiguiente ventilación, la filtración del polvo en suspensión (Laborde 2006) y la regulación del agua lluvia, pero ninguno de estos factores están tampoco considerados en el Plan de Descontaminación de manera asertiva.

[6] En el mismo Estudio de Evaluación se mencionan parques como El Cortijo, cuyo ancho inferior a 60m lo asimilaría más a un bandejón o el Parque Lo Varas, que por su mínima extensión se asemeja más a una plaza.

[7] A esta reducida tasa de desarrollo habría que agregar que muchos proyectos no fueron ejecutados por el modelo de administración deficiente que tenía en sus inicios y que no ha sido tampoco corregido para implementar proyectos detenidos como la segunda etapa del Parque André Jarlan en Pedro Aguirre Cerda.

[8] La pregunta 8 de la Encuesta de Percepción de Calidad de Vida Urbana expresa esta transversalidad en la necesidad. Ella arrojó como problema de mayor relevancia la carencia de áreas verdes con una mención en un 69,3% de los encuestados de todas las comunas.

Bibliografía

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